Prov. Buenos Aires: Empleadores. Nueva DDJJ laboral mensual desde Enero 2027. F.U.T.U.R.O. Costos y sobrecarga administrativa

Otra vez la sensación de que la simplificación llega en el nombre de la norma y no al escritorio, porque la nueva obligación laboral bonaerense vuelve a poner sobre la mesa un problema que atraviesa a la profesión desde hace años, que es la acumulación de tareas administrativas, el costo real de cumplir y esa distancia cada vez más grande entre lo que se anuncia desde la administración y lo que efectivamente cambia en el trabajo cotidiano.

Una nueva declaración jurada nunca llega sola, porque viene con una norma y una reglamentación operativas que hay que estudiar, con documentación que reunir, con un procedimiento que aprender y con un vencimiento que incorporar al calendario, y cuando ya tenemos el calendario lleno aparece otro.

Para la administración puede ser una herramienta más de fiscalización, pero para una empresa y su contador es otra tarea que debe encontrar lugar entre todas las obligaciones, que no son pocas.

La creación de F.U.T.U.R.O., el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos del Ministerio de Trabajo bonaerense, vuelve a exponer esa distancia, porque la medida exige una presentación mensual con información salarial, recibos de haberes, comprobantes de acreditación bancaria y datos sobre el control de la jornada, y también contempla documentación sobre determinados acuerdos de jornada y compensación de horas.

El trabajo detrás de una presentación

Las obligaciones suelen describirse desde el resultado que espera recibir el organismo, es decir un formulario completo, documentación adjunta y una firma digital, pero para llegar a ese resultado hay un proceso y ese proceso casi nunca se cuenta. Alguien debe determinar qué empleadores están alcanzados, explicarles los requisitos, pedir los comprobantes, verificar que correspondan al período, reunir los recibos, preparar los archivos y controlar que la presentación se realice en tiempo y forma, y si falta documentación hay que reclamarla, si el cliente no tiene firma digital hay que explicarle cómo gestionarla y convencerlo de que lo haga, y si el sistema no funciona, se cae o rechaza un archivo hay que resolverlo, incluso si es viernes a la tarde y el vencimiento es el lunes.

Todo eso es trabajo, aunque no aparezca en la descripción del trámite, y se incorpora a una agenda que ya contiene liquidaciones de sueldos, cargas sociales, obligaciones sindicales, impuestos, consultas y cambios normativos, de modo que la nueva tarea se suma a las anteriores con sus propios requisitos y consecuencias por incumplimiento.

Gratuito no significa sin costo

La presentación de F.U.T.U.R.O. se presenta como gratuita, y esa característica evita un arancel pero no elimina el costo de cumplir, porque preparar documentación, organizar archivos, gestionar firmas y controlar vencimientos requiere tiempo y recursos, y la firma digital no es gratis para personas jurídicas.

Si ese trabajo se traslada a honorarios aumenta el costo administrativo del empleador, y si no se traslada lo absorbe el estudio contable mediante más horas de trabajo o una menor rentabilidad, y en ambos casos alguien lo paga.

El problema se vuelve especialmente visible en profesionales independientes, pequeños estudios, comercios y pequeñas empresas, donde las tareas administrativas se concentran en pocas personas y cada nueva exigencia tiene un peso mayor sobre la estructura disponible, y evaluar una obligación solamente por la ausencia de una tasa deja afuera buena parte de su impacto económico.

La información que circula poco y se pide mucho

Las empresas ya presentan demasiada información laboral y salarial ante distintos organismos, pero cada administración puede exigir sus propios datos, archivos, formatos y procedimientos, y aunque no toda esa información es idéntica ni ARCA dispone necesariamente de cada documento que necesita una autoridad laboral provincial, esas diferencias deberían ser el punto de partida para coordinar los requerimientos y reducir las cargas.

Antes de crear una presentación corresponde identificar qué información ya existe, cuál puede compartirse y qué documentación adicional resulta indispensable, porque la coordinación entre organismos también es parte de la modernización del Estado, y si cada dependencia desarrolla su plataforma sin resolver el intercambio de información la digitalización puede terminar multiplicando el trabajo de quienes están del otro lado.

Los contadores pasamos a ser quien conecta a las administraciones, reúne datos, los adapta a cada formato y vuelve a presentarlos, y el contador es el que se ocupa de que ese circuito funcione, así que si vamos a trabajar para el Estado que nos paguen porque el trabajo se presume oneroso.

La simplificación que no llega al escritorio

La Ley 27.802 sustituyó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminando de esa disposición la exigencia del libro especial y estableciendo que la registración ante ARCA es suficiente a todos los efectos, sin requisitos adicionales de otras autoridades.

Entonces, el Ministerio de Trabajo fundamenta F.U.T.U.R.O. en sus facultades de fiscalización laboral y menciona expresamente las modificaciones de la reforma laboral entre los antecedentes de la medida, y se presenta como una declaración jurada para controlar el cumplimiento de obligaciones laborales, de modo que la relación entre ambas normas abre una discusión jurídica que requiere un análisis más específico, pero también existe una cuestión práctica porque después de una reforma que generó expectativas de simplificación aparece una nueva presentación mensual de documentación laboral, y para quien debe ejecutarla las diferencias entre registración, rúbrica y fiscalización no hacen desaparecer las horas necesarias para cumplir.

La simplificación debe poder medirse en tareas que dejan de hacerse, documentos que ya no se piden y tiempo que se recupera, porque de otro modo queda una distancia considerable entre el cambio normativo y la experiencia cotidiana.

Confundir digitalización con carga de archivos

Subir un PDF a una página web no alcanza para hablar de transformación digital, mucho menos si para hacerlo hay que reunir documentación dispersa, unir archivos, adaptarlos a determinados límites y volver a intentar la presentación cuando el sistema falla.

Y el problema excede a la provincia de Buenos Aires porque quienes trabajan con plataformas de distintos fiscos y organismos conocen esa experiencia de errores poco claros, sesiones que vencen, servicios que no responden y trámites que obligan a repetir pasos, y la experiencia con el tedioso SITRADIB también forma parte del desgaste con el que se recibe esta nueva obligación.

Se confunde digitalizar con trasladarle al usuario la tarea de cargar documentos, y así el papel se convierte en PDF, la ventanilla se convierte en una pantalla y el trabajo de reunir, ordenar y entregar la información sigue recayendo sobre el mismo empleador y su estudio contable.

Una transformación digital requiere algo más complejo en su diseño y más simple en su uso, revisar procesos, conectar sistemas, reutilizar datos y eliminar pasos innecesarios, y también exige plataformas confiables y respuestas cuando algo falla, de modo que la mejora debería poder comprobarse en la práctica con menos intervenciones manuales, menos información repetida y menos tiempo dedicado a cumplir.

Si el procedimiento conserva todas las tareas anteriores y agrega la preparación y carga de archivos, lo que se digitalizó fue la entrega y la simplificación sigue pendiente.

Fiscalizar también exige rendir cuentas

El objetivo de mejorar la fiscalización laboral es atendible, pero una nueva obligación debe evaluarse por los resultados que produce además de por la información que permite reunir. ¿Qué resultados dejó SITRADIB, si permitió detectar más empleo no registrado, si ayudó a regularizar trabajadores, si mejoró la identificación de diferencias salariales o si hizo más eficaces las inspecciones, y qué balance puede mostrarse del tiempo y los recursos que empleadores y profesionales destinaron a cumplir?

Estas preguntas necesitan indicadores públicos, porque la cantidad de empleadores inscriptos, documentos recibidos o presentaciones realizadas describe la actividad del sistema, pero para evaluar su eficacia también hace falta conocer qué incumplimientos se detectaron, qué medidas se adoptaron y qué mejoras se consiguieron, y aun cuando existan avances corresponde analizar qué parte puede atribuirse a la herramienta implementada.

El Estado exige información, cumplimiento y responsabilidad, y también debería explicar qué hace con esa información y qué resultados obtiene del esfuerzo que demanda

Por lo que con F.U.T.U.R.O. esa evaluación debería estar prevista desde el comienzo con objetivos concretos, indicadores verificables y balances públicos, y también con una revisión de las cargas exigidas cuando no demuestren utilidad. El tiempo que se pide a empresas y estudios contables merece una rendición de cuentas, (es un derecho constitucional) y antes de sumar documentación corresponde mostrar cómo ese esfuerzo contribuye a proteger a los trabajadores y a reducir los incumplimientos, porque la capacidad de adaptación de los profesionales no debería darse por descontada cada vez que se crea una obligación.

El tiempo profesional tiene un límite

Cada obligación nueva puede parecer pequeña cuando se la considera por separado, pero el problema aparece al sumarlas porque un archivo más, una declaración adicional, otra firma y un nuevo vencimiento forman en conjunto una carga que ocupa una parte creciente de la jornada profesional, y ese tiempo se resta al análisis, al asesoramiento, a la mejora de los procesos y al acompañamiento de los clientes, y también se resta al descanso. Los profsionales podemos incorporar tecnología y automatizar tareas, pero esas mejoras encuentran un límite cuando las exigencias crecen, los procedimientos cambian y cada organismo requiere una forma distinta de presentar información.

Entonces la reflexión de fondo no pasa por cómo hacer más rápido un formulario sino por entender que detrás de cada presentación hay personas que sostienen el cumplimiento con horas que no se miden y con un cansancio que se acumula silenciosamente.

F.U.T.U.R.O. vuelve a ponernos frente a la misma pregunta que nos hacemos cada vez que aparece una obligación nueva, que es hasta dónde seguimos estirando nuestro tiempo, nuestra paciencia y nuestra capacidad de adaptación para que un sistema funcione, y si vale la pena seguir respondiendo con más trabajo propio a un esquema que no termina de reconocer ese esfuerzo.

Porque el tiempo del empleador, del contador y del personal del estudio tiene valor, y una modernización que aspire a simplificar debería empezar por reconocerlo, pero mientras eso no ocurra la simplificación seguirá siendo una promesa que llega en el nombre de la norma y no en la experiencia de quienes tenemos que cumplirla todos los días, y ahí es donde nos toca preguntarnos si lo que hacemos es solo cumplir o también sostener, con nuestro cansancio, un equilibrio que ya no da para más.